El problema Mapuche: THE FACTS

Discriminación, falta de oportunidades y la represión de los indígenas en Chile. Aquí están los hechos que deben estar dentro de análisis y propuestas para profundizar la democracia y la integración de los pueblos originarios en el desarrollo del país. De nada sirve permanecer ignorantes de las injusticias en tierra chilena.

• Luego de la llamada “Pacificación de la Araucanía” el Estado creó 3000 reducciones que abarcaban 510.000 hectáreas de tierra, las que representaban sólo el 6.39% de la tierra ancestral al sur del río Bio-Bio.
• En el censo de 1992 928.060 personas declararon pertenecer a la etnia mapuche, lo que representa más de 7% de la población total del país.
• De este total, menos de 200.000 mapuches continúan viviendo en las comunidades rurales del Sur, mientras que un 80% vive en zonas urbanas.
• De los mapuches que aún viven en comunidades rurales, el 80% de los jefes de familia cursó menos de 4 años de educación. Entre los jóvenes de 20 y 24 años, sólo el 73% terminaron la educación primaria.
• Sólo 10% de las casas tienen electricidad y 20% de ellas tienen radio u otro equipo electrónico.
• El 43% de la población activa de las comunidades son agricultores de subsistencia y el 31% son temporeros que trabajan fuera de las comunidades.
• Aunque la información sobre los mapuches que viven en zonas urbanas en escasa, hay evidencia de que la mayoría se encuentra entre los estratos más pobres, viviendo en poblaciones en los márgenes de ciudades como Santiago, Temuco y Concepción, desempleados o con trabajos de salario mínimo.
• En 1996 un 38,4% de la población mapuche estaba por debajo de la línea de la pobreza, superando en más de 15 puntos porcentuales a la población no indígena que se encuentra en la misma situación. Asimismo, los mapuches viviendo en la indigencia dobla a la población indigente no indígena.
• En 1996 un 65.21% de la población indígena se encontraba en los dos quintiles de menores ingresos, situación que ha empeorado marginalmente desde entonces. (65.3% en 2000)
• Hay evidencia de discriminación salarial en contra de los indígenas, los que en promedio ganan la mitad que el resto de la población.
• 25% de los mapuches tiene confianza en el gobierno, 10% confía en el congreso, y 13% cree en el poder judicial.
• Los tímidos avances de los gobiernos de la Concertación en mejorar la condición de los mapuches se contradice con el apoyo nacional a las demandas mapuches: 85% de los chilenos está de acuerdo en dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, un 70% apoya promover la educación en mapudungun, un 96% desea aumentar las becas de educación para jóvenes mapuches, un 92% cree prioritario regularizar la propiedad de la tierra de las comunidades mapuches y 65% estaría dispuesto a la creación de territorios indígenas autónomos. (CERC 1999)
• Las hidroeléctricas Pangue y Ralco fueron construidas por ENDESA en territorios indígenas sin el consentimiento de sus habitantes. Pangue y Ralco significaron la dislocación de más de 100 familia pertenecientes a siete comunidades pehuenches de la zona. De acuerdo a la ley indígena vigente, las tierras no pueden ser vendidas sin el consentimiento de sus dueños y CONADI, institución creada especialmente para resguardar los intereses indígenas. A pesar de la oposición de las comunidades, ENDESA logró seguir adelante con sus proyectos gracias al apoyo del gobierno.
• Las empresas forestales que rodean las comunidades mapuches han plantado especies foráneas de árboles de rápido crecimiento. Además de consumir casi la totalidad de las aguas dedicadas a regadío, la resina de los árboles ha erosionado el suelo, dañando las tierras de cultivo. Debido a esta situación, las comunidades pidieron a CONADI que adquiriera parte de estas tierras, las que ellos afirman legalmente son de propiedad mapuche, y que demandara a las forestales por afectar negativamente su calidad de vida. Luego de años de espera, grupos indígenas han comenzado a ocupar las tierras de forestal Mininco y a tomar acción en sus manos.
• Más de mil kilómetros de carretera han comenzado a construirse, los que cortarán en dos comunidades mapuches densamente pobladas en el lago Budi y en la costa de Temuco. Este plan no fue producto de negociaciones sino de imposición por parte del Estado. Las comunidades sólo se enteraron del proyecto cuando los consecionarias mandaron trabajadores a hacer las mediciones pertinentes.
• En vez de negociaciones entre las partes, el gobierno ha respondido con represión y la aplicación de la ley antiterrorista. Patricia Troncoso, quien hoy terminó 110 días en huelga de hambre, fue sentenciada en 2005, junto con otros activistas a 10 años de prisión y multados con 425 millones de pesos, por aplicación de la ley antiterrorista establecida bajo la dictadura de Pinochet. Han estado presos desde 2002 después de haber sido hallados responsables del incendio de 100 hectáreas de bosques en 2001. Su reclamo es que el bosque está en tierras ancestrales cedidas para la explotación de compañías madereras y papeleras durante el gobierno de Pinochet.